Los ahorros de 6.000 pequeños inversores peligran y los ingresos de los parques ya instalados bajan en 48 millones.
Las 1.745 instalaciones en suelo o en techo de la provincia ven caer una media del 30% el dinero al que tenían derecho en los próximo tres años.
Había una vez, allá por el año 2005, en el que un propietario de un bancal baldío lo convertía en una estructura metálica con paneles para captar rayos solares para vender los excedentes a una compañía, que estaba obligada a comprarlos, y a cambio recibía pingües subvenciones. Todo eran beneficios, que parecían infinitos, tanto o más que el propio sol por estas tierras. Pero ese tiempo llegó a su fin justo el pasado mes de diciembre con un Real Decreto del Gobierno (que fue validado el 26 de enero en el Congreso de los Diputados, con los votos a favor del PSOE y PNV y la abstención de PP y CiU). El Gobierno ha impuesto, «de forma injusta y dejándonos indefensos», que no se primen más de 1.250 horas de producción de energía solar en cualquier instalación. Esto supone una merma de ingresos de 48 millones de euros y se pone en riesgo el ahorro de 6.000 pequeños ahorradores alicantinos.

El cataclismo económico en forma de eclipse solar que ha provocado esta disposición, fruto de los recortes presupuestarios del Gobierno de España, no tiene parangón en ningún sector de actividad. Menos aún en uno que se consideraba emergente, nueva economía o actividad sostenible con recorrido a futuro. Y menos todavía cuando se ejecuta con carácter retroactivo.
En la provincia de Alicante, una de las más soleadas de Europa, luce el sol unas 1.650 horas al año. Como quiera que se reduce la producción subvencionada a 1.250 horas (la que se puede verter a la red con derecho a prima durante los próximos tres años), la repercusión económica de los ingresos por los actuales titulares de instalaciones solares es de 120 millones de euros en el caso de la Comunidad Valenciana y de 47,6 millones en el caso de la provincia, según explica la Agencia Valenciana de Energía. La provincia de Alicante tenía derecho concretamente a 1.753 horas de sol subvencionadas, según la misma fuente oficial.
Como explica el gerente de la patronal de energías renovables de la Comunidad Valenciana, Avaesen, Salvador Jiménez, «estamos totalmente indefensos, porque se reduce la posibilidad de producción un 30% y también un 30% los ingresos consecuentes por primas». De hecho, la última de las cuatro recientes modificaciones normativas que alteran los nervios del sector fotovoltaico reduce de 3.000 megavatios a un techo de 500 la producción de sol. Según esta patronal, que ya ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el RD 1565/2010, «el problema es que se han cargado de un plumazo todas las instalaciones buenas que había» (1.745 en toda la provincia, según la Agencia Valenciana de Energía).

En Alicante, el decreto de marras pone en riesgo unos 1.000 millones de euros de inversión, que se adeuda de modo aplazado a la banca, y, lo que es más grave para la patronal regional Avaesen, los ahorros de 6.000 pequeños ahorradores «que a lo mejor no pueden devolver ya los créditos solicitados».
La cuestión no es baladí. Lo explica el presidente de la Asociación Provincial de Empresas del Sector dela Energía de Alicante (Asener), Fernando Amat: «Aquí todo el mundo ha invertido el dinero con un plazo de amortización máximo de ocho años y ahora, de forma unilateral, el Gobierno lo prolonga a dieciséis años; ya no hay rentabilidad».
Asener, que nació al regazo de la Agencia Provincial de la Energía que relanzaron en la Diputación su presidente, José Joaquín Ripoll, y el político ilicitano Emigdio Tormo, habla ya directamente de los efectos inmediatos: la mitad de las empresas de energía fotovoltaica de la provincia, un centenar, han podido cerrar ya. Quedan, eso sí, las que han sabido reconvertirse, según Fernando Amat, con una oferta multisectorial y con proyección de internacionalizarse.
Otra consecuencia son los expedientes de regulación de empleo, con la extinción del 70% de los puestos creados entre los años 2005 y 2009. Según Amat, se han extinguido ya 2.500 empleos de los directos. Amat asegura que el sector se halla en fase de «descomposición», pero se muestra optimista hacia la pervivencia de las que han apostado a tiempo por su reconversión: auditoras integrales sobre eficiencia energética en inmuebles tanto públicos como privados.Con 20 kw, rentables.Además, este ingeniero industrial especializado en proyectos cree que las instalaciones solares de hasta 20 kilowatios de potencia siguen siendo rentables, al tener una reducción de prima de sólo el 5%, lo que hace más fácil la amortización del dinero pedido en préstamo para la inversión. Amat pone un ejemplo: Terra Natura quería aprovechar su párking para generar energía con los rayos solares. Ya no realizará la inversión. Seur la hizo hace poco sobre cubierta: ya no tiene el uso deseado.
Otros informes abundan en la repercusión laboral. Un reciente estudio de CC OO-PV habla de un recorte de 2.700 empleos en la Comunidad Valenciana como consecuencia de este real decreto. Frente a una expectativa de crear 7.270 puestos de trabajo directo en el horizonte del año 2020. El escenario cambia radicalmente con la reducción del 30% de la primas, según CC OO-pv.
Asener, que cuenta con medio centenar de empresas asociadas y otras veinte en cola de espera, no da el brazo a torcer y centra sus esfuerzos en concienciar a la sociedad de las directivas europeas sobre eficiencia energética. Como explica Amat a este diario, para el año 2020 se deberá disminuir en un 20% tanto la emisión de gases de efecto invernadero como el consumo de energía primaria mediante la eficiencia energética, alcanzar una cuota global del 20% de energía renovable en el consumo final bruto y aumentar un 10% las energías renovables en el transporte. Roberto Romero Benítez, de la consultora His Energías Renovables, también lo tiene claro: «Esto no deja de ser un producto financiero que ya ha dejado de tener rentabilidad, por lo que a los inversores y a los instaladores y productores de placas hay que explicarles la necesidad y urgencia de salir fuera, a los países árabes, que es donde tendrá más recorrido la fotovoltaica». Romero añade: «Se han hecho auténticas burradas en los últimos años, porque muchos proyectos eran para cobrar la subvención, pero más burrada es el recorte del Gobierno».
Ese recorte lo ha defendido el Gobierno en la necesidad de reducir el denominado déficit de tarifa, la cantidad que se adeuda a las grandes distribuidoras eléctricas por toda una serie de conceptos que se acordaron para compensar la liberalización del sector energético. Aunque los empresarios y técnicos consultados por este diario creen que es un recorte presupuestario puro y duro como consecuencia de la crisis y que afecta al más débil de esta cadena: a los pequeños inversores o medianos de energía fotovoltaica. En cualquier caso, un sector muy atomizado. Pero que ha multiplicado por 20 desde el año 2001 la potencia fotovoltaica en servicio en Alicante (de 5 a 107 kw).